martes, 19 de febrero de 2008

SENTENCIA N°29 DE 21/MAR/2007

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
S A L A L A B O R A L


REF: ORDINARIO CONSULTA

RICAURTE LOPEZ

vs.

MUNICIPIO DE CALI

Radicación No.760013105 006 2003 00838 01

Acta de Aprobación No 08

AUDIENCIA No 050.


En Cali, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil siete (2007), el Magistrado Carlos Alberto Carreño Raga constituyó el despacho en audiencia pública y declaró abierto el acto

S E N T E N C I A No 029.


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISION LABORAL
MAGISTRADO PONENTE:
DRA. CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA


Cali, veintiuno (21) de marzo de dos mil siete (2007)

RICAURTE LOPEZ FERNANDEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda ordinaria laboral contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el Art. 13 de la ley 344 de 1996.

Fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos:

Que laboró para el Municipio de Santiago de Cali, desde el 9 de febrero de 1982 hasta el 30 de septiembre de 2001, desempeñando el cargo de vigilante en la Secretaria de Salud Pública Municipal.

Que como consecuencia de la reforma administrativa implementada mediante Decreto 15423 de diciembre 29 de 1995 y el Acuerdo 01 de 1996, fue posesionado nuevamente a partir del 3 de enero de 1996 y así sucesivamente cada 15 de febrero de cada año hasta la fecha de desvinculación.

Que el día 31 de marzo de 1997, la Administración Municipal procedió a consignar lo concerniente a las cesantias del año 1996 a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A, e inexplicablemente no se volvió a consignar dichas cesantías conforme lo ordena la ley 344/96, sino hasta el 07 de junio de 2000.

Que el dia 07 de junio de 2000, se procedió por parte de la Administración Municipal a consignar el valor de $9.646.186 al Fondo de Cesantías.

Que dicho valor consignado correspondería a las cesantías acumuladas al 31 de diciembre de 1999, la cual debieron ser consignadas a mas tardar el 15 de febrero de 2000.

Que se le adeuda la sanción moratoria establecida en la ley 344/96 Art. 13 entre los años de 1997 al 30 de septiembre de 2001.

Debidamente notificada la MUNICIPALIDAD, al dar respuesta a la demanda, expresa no ser ciertos los hechos de la demanda, señalando que el actor fue nombrado en la Unidad de Salud de Cali, el 15 de febrero de 1982 para luego ser vinculado sin solución de continuidad al Municipio de Santiago de Cali, en la Secretaria de Salud Municipal, posesionándose el 13 de junio de 1990, por lo cual no cambió de régimen de cesantías, perteneciendo al régimen retroactivo. Que la ley 344 de 1996 no es aplicable al actor en materia de cesantías y que la supuesta consignación que menciona el apoderado efectuada en el año 2000, es un anticipo de cesantías. Que al momento de su retiro del servicio, le fue liquidada su cesantía de acuerdo con el régimen retroactivo establecido en la ley 6 de 1945. Se opone a las pretensiones de la demanda y propone las excepciones de COBRO DE LO NO DEBIDO y CARENCIA DE DERECHO SUSTANCIAL.

Esta controversia fue dirimida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali mediante Sentencia N° 164 del 28 de noviembre de 2005 ,en la que se absolvió al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de todos los cargos formulados por el señor RICAURTE LOPEZ FERNÁNDEZ.

Al no interponerse recurso alguno, conoce la Corporación para surtirse el grado de consulta.

Tramitada legalmente la instancia, se procede a decidir previas las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Como puede apreciarse, el derecho aquí anhelado, asunto que no ofrece discusión para las partes y que al rompe se advierte de la literalidad de la norma transcrita por la instancia, depende del hecho central de haber ingresado el actor al Municipio con posterioridad a la vigencia de la norma en cita, pues con este acto se generaría una modificación en su régimen de cesantía, según se propone en la nueva norma.

Pero es claro al proceso, tal como lo afirma la instancia, que no obra en las actuaciones prueba que de cuenta de ello, el distanciamiento se centra en la calificación u homologación que se haga de la posesión del actor dentro del Municipio en un cargo el 3 de enero de 1996 (f.35), lo cual para la Sala en modo alguno traduce nuevo ingreso al Municipio, ya que por reorganización administrativa hubo reacomodación de los cargos, lo que fuera motivado por la existencia de una nueva planta de personal, lo que impide avizorar lo reclamado por la norma como lo es el ingreso a la entidad lo que ocurrió desde 1982.Con todo, la indicada posesión también ocurrió con anterioridad a la vigencia de la norma, lo que impide su aplicación retroactiva.

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia CONSULTADA.

SIN COSTAS en esta instancia.

COPIESE Y DEVUELVASE

Se notificó en estrados.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma en constancia los que en ella intervinieron.

Los Magistrados,

CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA




GILMA LETICIA PARADA PULIDO AURA ESTHER LAMO GOMEZ

SENTENCIA N°18 DE 27/FEB/2007

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL




TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
S A L A L A B O R A L


REF: ORDINARIO

HECTOR RESTREPO GUARNIZO

Vs

FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL


Radicación No.760013105-008-2003-00039- 01

Acta de Aprobación No 07

AUDIENCIA No 028


En Cali, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil siete (2007), el H. Magistrado Carlos Alberto Carreño Raga, constituyó el despacho en audiencia pública y declaró abierto el acto

S E N T E N C I A No 018

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISION LABORAL
MAGISTRADO PONENTE:
DR. CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA

Cali, veintisiete (27) de febrero de dos mil siete (2007)


HECTOR RESTREPO GUARNIZO, mayor de edad y de este vecindario, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria contra FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL., a fin de obtener reconocimiento y pago de prestaciones sociales como consecuencia de un contrato escrito individual de trabajo, por término inferior a un año, desde el 17 de octubre de 2000, hasta el 30 de junio de 2001.

Fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que el señor HECTOR RESTREPO GUARNIZO, prestó sus servicios a la demandada, del 17 de octubre de 2000, y que fue prorrogado de manera automática hasta el 30 de junio de 2001, fecha en la cual fue despedido alegando como causal la terminación del contrato de trabajo, que el actor devengaba mensualmente $385.336. que al momento del retiro se le cancelaron de manera parcial sus prestaciones sociales, toda vez que no se le promedio el salario durante los últimos 6 meses, que se liquidó con base en el salario básico $286.000, que el período comprendido de enero a junio de 2001, el actor trabajó horas extras que incrementan el valor del salario mensual.

Notificada, la parte demandada contestó la demanda, a través de apoderado judicial, quien dijo de los hechos que el primero es cierto parcialmente porque la verdad probatoria así lo dice, que el 2° y 3° no son ciertos, se opone a las pretensiones de la demanda y propone excepciones de merito de pago, cobro de lo no debido, compensación, prescripción e innominada.

La controversia fue dirimida por el Señor Juez Octavo Laboral del Circuito de Cali, quien mediante Sentencia N° 174 del 14 de julio de 2005, ABSUELVE a la FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, de todas y cada una de las pretensiones de la demanda propuesta por HECTOR RESTREPO GUARNIZO.

Inconforme el apoderado del demandante interpuso recurso de apelación, argumentado en su escrito que el despacho niega las pretensiones de la demanda argumentando que si bien es cierto existió la relación laboral entre el demandante y demandado, considera que las prestaciones sociales se encuentran totalmente canceladas, por cuanto no se probó que el salario devengando por el demandante fue superior al tenido en cuenta para liquidar las prestaciones, que está en total desacuerdo con el fallo, pues como se dijo en la demanda, el actor tuvo un salario variable y que debía ser promediado al momento de liquidar las prestaciones sociales y por tanto estas se encuentran mal liquidadas y por ende se deben tener como un pago parcial.

Tramitada legalmente la instancia, se procede a decidir, previas las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S :

Le corresponde a la Sala de decisión resolver el recurso de apelación propuesto en contra de la sentencia absolutoria dictada por la instancia, a quien no le fue posible de conformidad con el material probatorio recaudado acompañar al demandante cuando afirma haber devengado valores saláriales superiores a los informados por la entidad comprometida, aserto que en apelación fustiga indicando ser en verdad lo devengado diferente a lo relacionado, ya que hubo salarios diferentes en los últimos seis meses lo que obligaba promediar el salario base de liquidación y como no lo hizo procede su pago completo junto con la indemnización por mora.

Advertidos que la apelación aboga por la liquidación del último contrato, por aquello del principio de consonancia y que no se avizora quiebre de derecho fundamental alguno, a ese tópico se dirige el examen.

Pues bien, cabe anotar que el salario base para liquidar la cesantía, conforme lo dispone el Art. 253 del C. S. T que es el estatuto que rige la cuestión del actor, en caso de salario variable, corresponde al promedio del último año o en todo el tiempo que faltare si fuere menor, por lo que debe acreditar quien demanda primero que su salario fue en verdad variable y luego dar a conocer todos los salarios devengados en ese tiempo diseñado.

De los folios 70 a 78 se puede observar los diversos valores recibidos por el actor en su último contrato, excepto febrero, los que contrastados con las cifras presentadas en la demanda -hecho segundo- como razón de su acción, fácilmente podemos apreciar que la cantidad del mes de abril es mayor a la que enseña el recibo de salarios por el actor acompañado a la demanda, lo que muestra por si solo la seriedad de la afirmación de primera instancia, cuando dice no haberse probado las cifras enunciadas en la demanda, pues aceptando la por él informada en febrero, la suma que proyecta los documentos de pago presentados es menor a la que aparece en la demanda..

De otro lado, realizadas las operaciones matemáticas de rigor, encuentra la Sala que el valor cancelada por la empleadora como cesantía no desmerece frente a lo advertido en el juicio, razón por la cual se deberá confirmar la decisión cuestionada.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

R E S U E L V E :

1.- CONFIRMAR la sentencia apelada

2.- COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente.-

COPIESE Y DEVUELVASE

Se notificó en estrados.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma en constancia los que en ella intervinieron.

Los Magistrados


CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA



GILMA LETICIA PARADA PULIDO AURA ESTHER LAMO GOMEZ